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El nuevo ministro del ramo, Íñigo Méndez de Vigo, se vio obligado a ceder y a aceptar negociar la aplicación de las reválidas de Secundaria y Bachillerato, que deben implantarse en el curso 2017-2018. Aplazará la aprobación del decreto que las regula para consultar a "toda la comunidad educativa", según explicó el sustituto de José Ignacio Wert. .

El compromiso de Educación consiste en revisar las evaluaciones finales del último curso de la ESO y del Bachillerato, que deberían comenzar a implantarse en el curso 2017-2018, si para entonces sigue vigente la Ley para la Mejora de la Calidad de la Educación (Lomce), la séptima de la democracia española. Sí que se llevarán a cabo estas reválidas a partir del próximo curso en Primaria, aunque su ejecución podrá ser controlada por las Comunidades Autónomas.

Es en lo único en lo que cedió el ministro Íñigo Méndez de Vigo tras una reunión de casi cinco horas con los 17 consejeros de Educación. No se modifica el calendario de aplicación de la Lomce, como pedían las 12 autonomías no gobernadas por el PP. "El calendario forma parte de la Ley y, si se aplicó el año pasado, se aplica éste. Cuando se defiende el Estado de Derecho se defiende en la totalidad y no por partes", zanjó anoche el titular de Educación, que insistió en "lanzar un mensaje tranquilizante a las familias y los estudiantes. El curso empezará con absoluta normalidad". De esta forma daba por terminada su primera Conferencia Sectorial desde que sustituyó en el cargo a José Ignacio Wert, impulsor de esta ley educativa.

La conclusión era bien recibida por parte de los consejeros disidentes. La consejera de Educación de Cataluña, Irene Rigau, calificaba de "buena noticia" las modificaciones que hacían referencia a las reválidas, pero de "despropósito pedagógico" la negativa a frenar el calendario de implantación de la ley. "Si las cosas hay que hacerlas porque la Ley las manda, hay que hacerlas bien. Hacerlas deprisa para garantizar que un cambio político no le afecta, no es aconsejable", aseguró.

Por su parte, su homóloga vasca -también integrante del frente anti-Lomce-, Cristina Uriarte, agradeció la "disposición al consenso" de Méndez de Vigo tras abrirse a modificar las reválidas, "lo más perjudicial de la Lomce". Cierto es que se trata de uno de los puntos más polémicos de la Ley. No hay que olvidar que el pasado mes de abril cinco comunidades autónomas (Cataluña, País Vasco, Canarias, Andalucía y Asturias) dieron plantón al ahora ex ministro Wert como medida de protesta por el real decreto de reválidas.

Estas pruebas en Secundaria y Bachillerato son polémicas puesto que suponen que, si el estudiante no aprueba, no podrá seguir estudiando. Según el borrador del proyecto de real decreto, que ahora queda aplazado hasta que se negocie con "toda la comunidad educativa", en palabras de Méndez de Vigo, las pruebas podrían realizarse externamente y serían preguntas tipo test distribuidas en tres partes. Según el ministro, estas evaluaciones están bien planteadas, pese a lo que anunció la creación de un grupo de trabajo para resolver todas las dudas e inquietudes que se puedan producir al respecto. Todo ello, sin embargo, "no supone ningún retraso" en la aplicación de la Lomce, ya que, como recordó el ministro, la implantación de estas reválidas está prevista para el curso 2017-2018.

Los consejeros del PP, como era de esperar, mostraban su satisfacción con el resultado de la reunión. Los titulares de Educación de Galicia y Madrid, Román Rodríguez, y Rafael Van Grieken, valoraban positivamente el "diálogo" tanto del ministro como de los consejeros de otros partidos, que poco antes de la reunión habían anunciado su intención de presentar varias propuestas con "garantías jurídicas" para paralizar el calendario de aplicación de la Lomce. Méndez de Vigo les replicó que una ley orgánica es de obligado cumplimiento y que, como sucede con el Estado de Derecho, "se defiende en su totalidad y no por partes".

También el presidente de la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (Ceapa), Jesús Salido, se mostró ayer "tranquilo" tras conocer el resultado de la reunión. "Se podría haber hecho mucho más. Parece un gesto de diálogo pero es muy insuficiente", dijo, para añadir: "Esperamos que la ley sea derogada tras las elecciones generales, gobierne quien gobierne".

Quedó sin resolver en la Conferencia Sectorial de ayer otro tema polémico, como es el peso de la asignatura de Religión en el currículo escolar, que desde la aprobación de la Lomce cuenta para la nota media en detrimento de Educación para la Ciudadanía, que ha quedado eliminada de las clases. Algunas comunidades, sin embargo, como Cantabria, Aragón y Andalucía han recuperado esta asignatura gracias al margen de actuación del que disponían en las materias de libre configuración.

Fuente: http://www.elmundo.es

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